La situación del edificio que el PSOE de Don Benito utiliza como sede sigue generando un escándalo político en Extremadura. Según adelantó COPE Extremadura y confirmó The Objective, el inmueble -492 m² en la calle Cecilio Gallego- pertenece a la Junta de Extremadura, “pero el partido lo ha ocupado durante años sin una cesión en vigor desde 1987”. La alerta saltó tras una reclamación del OAR (dependiente de la Diputación de Badajoz, dato importante) que destapó “más de 13.000 euros de IBI impagado desde 2016, un tributo que nunca se abonó por parte del partido”.
Hay que recordar que en 2023, tras el resultado de las elecciones autonómicas, Miguel Ángel Gallardo, secretario regional del PSOE (y candidato…) puso al frente del OAR a Manuel Gómez Parejo, la misma persona que en otoño de 2024 sustituiría a José Luis Quintana en la secretaría general de esta sede “por la que el PSOE de Don Benito sigue sin responder de los tributos que le corresponden”, según señalan desde The Objective.
El caso se agrava porque “no existe documentación municipal que respalde la ocupación”, según COPE y The Objective. “Tampoco el edificio figura como bien municipal ni se conoce en qué momento pasó a usarse como sede del PSOE”. La única cesión registrada fue entre 1984 y 1987 y con fines estrictamente culturales.
Unas instalaciones históricas, las de esta sede del PSOE, en las que habían estado antes la Cooperativa Obrera Unión Progreso de Don Benito, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Don Benito y el Movimiento Nacional franquista.
Quintana autorizó una reforma
La controversia se intensificó con la información de The Objective que revela que en 2021 el entonces alcalde y secretario local del PSOE, José Luis Quintana, “autorizó una reforma de 44.000 euros sin solicitar permiso a la Junta, pese a que él mismo debía velar como alcalde por la legalidad urbanística”, y que, según dicen desde el propio PSOE, ahora, “la propietaria del inmueble es la Junta de Extremadura”. Según ese medio, “incluso llegó a interesarse por la compra del edificio pese a saber que era de titularidad autonómica”.
El PP de Extremadura, exige explicaciones urgentes: cuestiona “cómo un edificio público terminó convertido en sede de un partido, cómo se generó la deuda tributaria y por qué se habrían realizado obras sin licencia”. José Ángel Sánchez Juliá acusa al PSOE de “utilizar lo público en beneficio propio” y señala que “este caso encaja en un patrón repetido de comportamiento”.
El PSOE de Don Benito, por su parte, sostiene como recoge Nuestra Comarca que “el partido no tiene obligación alguna de pagar el IBI, ya que corresponde siempre al propietario del inmueble, es decir, la Junta”.
El asunto, destapado en plena precampaña, ha tensado aún más el clima político regional. Con acusaciones cruzadas, obras sin permiso, deuda acumulada y un edificio público ocupado sin cesión vigente; la Junta deberá ahora aclarar cómo pudo mantenerse esta situación durante décadas sin control administrativo.
La sede del PSOE cuando las manifestaciones contra la amnistía.
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