Reacciones tras la condena a Miguel Ángel Gallardo, de 18 años de inhabilitación por prevaricación, en el caso del hermano de Pedro Sánchez

Han sido múltiples las reacciones tras el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz, que también condena a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por los deleitos de prevaricación administrativa en el denominado ‘caso Azagra’ o ‘caso hermanísimo’ (en recordación al caso del hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente de otro gobierno del PSOE, el de Felipe González, por su hermano Juan Guerra).

Hay que decir, para los menos enterados, que Miguel Ángel Gallardo fue una veintena de años alcalde de Villanueva de la Serena, otros casi tantos presidente de la Diputación de Badajoz y algunos meses secretario general del PSOE extremeño y diputado en la Asamblea regional.

Abel Bautista

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha pedido este martes la convocatoria de elecciones generales, una vez conocida la sentencia. «Lo más grave de este caso -ha dicho Bautista- es que se ha señalado a los jueces, se les ha acusado de ‘lawfare’ (uso de la justicia con intereses políticos) y se ha puesto en duda el funcionamiento de nuestro Estado de derecho, de nuestra separación de poderes, o sea, de nuestra democracia». «El anterior secretario general del PSOE, ahora condenado, Miguel Ángel Gallardo, llegó a afirmar que la Junta de Extremadura había regado con dinero público a pseudomedios para que publicaran noticias falsas», ha recordado el vicepresidente, que ha pedido «al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que en nombre de los socialistas extremeños pida perdón a la presidenta de la Junta por haberla acusado de utilizar dinero público para fabricar este caso».

Abel Bautista con los medios.

«Esta sentencia -añade el vicepresidente y consejero- tiene que tener consecuencias. No es que una manzana esté podrida, es que el cesto está podrido, y el responsable solo tiene un nombre y apellidos, y es Pedro Sánchez. Tras la condena de hoy, solo cabe convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse y ejercer su derecho democrático». «Nadie entiende que el presidente del Gobierno no estuviera al tanto de todo lo que ocurría en su círculo más cercano, después de la condena a 24 años a José Luis Ábalos, su ministro y número dos en el partido, y la condena ahora su hermano y al anterior secretario general del PSOE en Extremadura».

La sentencia

El tribunal impone dos penas de inhabilitación de nueve años cada una por sendos delitos de prevaricación al ex presidente de la diputación y ex líder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo. En total, 18 años de inhabilitación para él. La misma pena que al «hermanísimo» se le impone a Luis Carrero, amigo de David Sánchez al que la diputación también contrató como su colaborador. Otros ocho funcionarios relacionados con los puestos de trabajo enjuiciados son igualmente inhabilitados.

La sentencia, de 377 páginas, considera delictivos los tres episodios juzgados. El primero, la creación de la plaza de Coordinador de Conservatorios para David Sánchez. «Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general», afirma el fallo.

Por ello condena a Gallardo, que entonces presidía la diputación y al que atribuye la responsabilidad de crear el puesto «con el objetivo de que el mismo fuera ocupado por el también acusado David Sánchez Pérez Castejón […] quien en ese momento carecía de trabajo estable». El tribunal no condena por esta primera prevaricación al hermano porque estima que, en su caso, el delito está prescrito.

El segundo delito de prevaricación consistió en la modificación del puesto de trabajo del «hermanísimo» -así se le designaba en correos internos- para ajustarlo a sus deseos. Por esto se condena tanto a Gallardo como a David Sánchez, este último como cooperador necesario. «Supuso una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección, suprimiendo la incompatibilidad del mismo con el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez Pérez-Castejón», afirma la sentencia.

El tercer episodio delictivo fue la creación de la plaza para el amigo del hermano, «colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos, todo ello con el afán de que siguiera ayudando a este en sus actividades relativas a la ópera, aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes». Estos hechos implican la condena de Carrero como cooperador necesario en la prevaricación.

Autoría

El tribunal arranca el apartado de «autoría» de los tres delitos de prevaricación afirmando que los acusados estaban «todos concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada al acusado Don Luis María, fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticos o de escaparate sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad rectores en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración».

La inhabilitación, si la sentencia llega a ser firme, supondrá la pérdida de la condición de funcionarios o empleados públicos de los condenados. En el periodo de nueve años -18 en el caso de Gallardo- no podrán acceder de nuevo a los puestos en los que cometieron en delito ni a otros similares. David Sánchez ya se había desvinculado de la diputación, al igual que el amigo enchufado. En cuanto a Gallardo, dejó su acta de diputado en enero para encarar el juicio y actualmente no ocupa un puesto público.

El resto de condenados perderán sus puestos públicos. Entre ellos está Ricardo Cabezas, ex portavoz y candidato del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y ahora concejal en la oposición. Eso le permite formar parte de la Diputación de Badajoz, donde es diputado de Cultura, Juventud y Deportes. Cuando sea firme la sentencia no podrá continuar. Es el único que mantiene un cargo de representación política entre los condenados.

El tribunal no impone la devolución de los salarios cobrados por los dos enchufados, en contra de lo que pedían las acusaciones. El motivo es que solo estaban legitimados para solicitarlo la Fiscalía o el perjudicado, en este caso la diputación. Eso no ha sucedido. Imagínense ustedes, amigos lectores, por qué no lo han pedido la Fiscalía que de quién depende (ya sabemos) y la diputación (manda allí el PSOE). Sí queda abierta, dejan caer, la opción de que intervenga el Tribunal de Cuentas, pero, hummm…. Los condenados sí deberán afrontar la mitad de las costas de la actuación de las acusaciones populares.

Gallardo y Sánchez.

Nepotismo

La sentencia (377 páginas de iniquidades) incluye una reflexión sobre el nepotismo. Indica que «es una práctica consistente en el trato de favor o enchufismo hacia familiares o amigos en orden a la obtención de puestos, ascensos o beneficios, ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a los cargos públicos, la promoción en los mismos o la obtención de ventajas derivadas del ejercicio de funciones administrativas». Sí, claro, algo habitual y con apariencia de ‘normalidad’ en las instituciones de Extremadura, desde tiempos iniciales de la democracia, para no irnos muy atrás. Ocurre que lo habitual, lo ‘normalizado’, es demasiadas (o todas las) veces injusto e ilegal, pero casi nunca se castiga. Esto es, la corrupción como parte de la naturaleza humana, admitida, tolerada y sin castigo, o sea, gratis total. Por cada ‘condena’, más o menos efectiva, cientos de casos que no llegan a juicio. Por eso, y en la opinión de este cronista, hay que levantarse y aplaudir ante la labor de responsables de la Justicia como la Juez Biedma.

Sigue diciendo la sentencia que: «Hemos de convenir en que esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades, con merma de la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas. De igual manera, debemos recordar que el interés general y no el particular de los futuros adjudicatarios de las plazas de empleo público, debe presidir la creación de las mismas», añade.

La sentencia no es firme: puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Ha sido firmada por los magistrados José Antonio Patrocinio (presidente), Emilio Serrano (redactor de la resolución) y María Dolores Fernández, por unanimidad.

Avalan a Biedma

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz avala punto por punto el periodo de instrucción que dirigió la magistrada Beatriz Biedma, que sufrió fuertes presiones con el fin de boicotear la causa.

Todo ello en un proceso donde la Fiscal de forma sorprendente, y en medio de la instrucción, giró su respaldo a la investigación de Beatriz Biedma; la UCO recibió presiones por parte de sus jefes de la Guardia Civil para dejar de investigar la causa ordenándoles que se «pusieran de perfil»; la delegación de Hacienda en Extremadura presentó un informe ‘sin firma’ en el que no veía indicios punibles de fraude fiscal de David Sánchez en Elvas (Portugal) porque no tenía medios humanos y técnicos -según argumentaron sus responsables- para abrir una investigación en Portugal; o cuando un ex juez -expulsado de la carrera por una condena de maltrato- intentó personarse en la causa como un caballo de troya para dinamitarla desde dentro, todo ello, presuntamente por orden de Leire Díez y la ‘cloaca’ del PSOE. A Biedma -como adelantó en exclusiva EL MUNDO- esta misma cloaca intentó desprestigiarla públicamente para evitar que siguiera investigando y para ello se produjeron seguimientos a ella y a su familia, incluso hasta las puertas del colegio donde estudian sus hijas.

Además, el que fuera presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura durante el proceso de instrucción, intentó que el caso no fuera investigado por Beatriz Biedma y para ello intentó el conocido como ‘aforamiento exprés’, haciendo dimitir a cinco compañeros de partido para ocupar un puesto como diputado y que el caso pasara a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La justicia lo consideró en su momento como «fraude de ley».

En fin, que la podredumbre no descansa, que los malos no tienen hobbies buenos, y que los poderosos usan ese poder para retorcer la justicia y acallar a los débiles, a los honestos y a los humildes. Menos mal que éstos últimos no renuncian al coraje. Y esos son los imprescindibles.

Miguel Ángel y David.