También se ha aprobado la ordenación de una tasa por la prestación de dicho servicio, y una serie de durísimas sanciones pecuniarias por el ‘uso indebido’ de las bicicletas.
Según ha informado la portavoz del equipo de gobierno, Ana Belén Fernández, las infracciones se calificarán como leves con hasta 750 euros de multa, graves con 1.500 y muy graves con 3.000 euros, sanciones que se imponen para "el buen funcionamiento de este servicio. No existe un afán recaudatorio, son precios simbólicos y es una ordenanza conjunta con Don Benito".
Serán infracciones muy graves utilizar la bicicleta con ánimo de lucro, alquilarla, venderla o utilizarla para fines comerciales, de transporte de mercancías, animales o personas; no presentar denuncia dentro del plazo establecido en el supuesto de pérdida, hurto o robo de la bicicleta; los actos de deterioro de las instalaciones y elementos del servicio; el abandono y pérdida injustificada de la bicicleta y la reiteración en la comisión de dos faltas graves en un periodo de doce meses.
Como infracciones graves se establecen utilizar la bicicleta fuera de las zonas establecidas para su uso, ceder o prestar la bicicleta a terceras personas, no respetar las normas de tráfico establecidas para estos vehículos, no devolver la bicicleta en buen estado de funcionamiento y limpieza, no comunicar cualquier desperfecto, percance o accidente ocurrido durante su uso. También, causar daños a la bicicleta por un uso incorrecto de la misma, sin perjuicio del abono de los gastos de reparación o reposición de la misma; el retraso de más de 12 horas en la devolución de la bicicleta; no presentar en las oficinas de alta del sistema copia de la denuncia por pérdida, hurto o robo de la bicicleta dentro del plazo establecido y la reiteración en la comisión de dos faltas leves en un periodo de doce meses. Se establecen como leves el retraso inferior a 12 horas en la devolución de la bicicleta por causas no justificadas, el estacionamiento de la bicicleta en lugares distintos de los habilitados al efecto y la no comunicación a la oficina de alta del cambio de algún dato personal del usuario necesario para el correcto funcionamiento del sistema. |
Una de las razones por las que el Partido Popular villanovense ha decidido no apoyar la ordenanza ha sido, según ha explicado el portavoz Guillermo Borrallo, "la dureza de las sanciones que contempla. Se trata de un afán recaudatorio del equipo de gobierno". También aseguró que hay una desproporción, "no en el aspecto recaudatorio sobre el coste que el servicio tiene para el ayuntamiento, 29.930 euros, ya que pretende recaudar 3.600 euros con la tasa, sino por la desproporción que hay entre el precio establecido por el uso de la bicicleta de un día a un euro, o un año ocho euros. Hay que bajar el precio diario".
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